La Minuta PM: Contraloría oficia a 5 ministerios por reuniones en casa de Zalaquett
Lo que sucedió. El pasado 5 de enero, la Contraloría General de la República decidió oficiar el a las carteras de Trabajo, Interior, Relaciones Exteriores, Agricultura, Economía y Medio Ambiente.
Esto luego de que se diera a conocer que los ministros Jeannette Jara (Trabajo), Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (Relaciones Exteriores), Esteban Valenzuela (Agricultura), Nicolás Grau (Economía) y Maisa Rojas (Medioambiente) han participado en reuniones con empresarios, sin ser registradas en la Plataforma de Lobby, en el domicilio del ex alcalde de La Florida y Santiago, Pablo Zalaquett.
La información fue revelada por Ciper el 29 de diciembre, para luego actualizar la lista de ministros involucrados en las reuniones en casa de Zalaquett el 3 de enero de este año.
Además, el actual titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, reconoció haber asistido a las reuniones investigadas, pero cuando era senador y no en calidad de secretario de Estado.
El oficio establece que los ministerios tienen un plazo de 10 días para responder tras las denuncias efectuadas por parlamentarios y particulares. A partir de las respuestas entregadas por las carteras es que se decidirá cómo proseguir.
El 5 de enero el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, comentó sobre las reuniones de sus ministros con empresarios, y cuando fue consultado si se había faltado a la Ley de Lobby el mandatario comentó: “Cuando la ley se incumple tienen que establecerse las sanciones que correspondan. Acá no no ha habido ningún incumplimiento de ley”.
El Jefe de Estado agregó que “el mandato que yo le he entregado a nuestro Gobierno, a todos nuestros colaboradores, es que se reúnan con todas las autoridades para sacar adelante acuerdos que vayan en beneficio del pueblo de Chile”.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió los encuentros en la casa del lobbista Pablo Zalaquett: “Una cosa son las reuniones para tomar decisiones a espaldas del Congreso, a espaldas de la gente, lo que hemos llamado usualmente la cocina, y otras cosas son las instancias de encuentro de diálogo”, explicó
“No todo diálogo es lobby, no toda conversación es lobby y por eso la ley, y la discusión que hubo en el Congreso en su momento, tuvo que entrar a definir concretamente aquello”, dijo Vallejo a Radio Cooperativa.
Además, la secretaria de Estado reiteró que como Gobierno están dispuestos a explicar todas las veces que sea necesario la finalidad de estas reuniones y confirmó que sí se realizaron encuentros con grupos de empresarios.
Según las afirmaciones de la ministra, en estas juntas “se intercambian miradas donde se explica cuál es la posición del Gobierno en torno a la agenda de seguridad, en torno en su momento, a lo que era el proceso constituyente, o a las reformas y los cambios que hay que hacer en el país”, y que todo “está en el marco de la ley”.
Las respuestas de los ministros
El primero en abordar la polémica fue el titular de Economía, Nicolás Grau, en el artículo publicado por Ciper el 29 de diciembre. En ese entonces, el timonel señaló que en la cita se habló de salmonicultura y “la visión de largo plazo que tenía cada uno de la industria”.
Posteriormente, el 7 de enero tocó el tema en su participación en Mesa Central, donde declaró que “sabía que Zalaquett ejercía labores de lobbista”, agregando que “si yo hubiera sabido que en esta reunión (…) iba a haber alguien que también tenía participación en pesca, probablemente hubiera decidido no ir, o hubiera pedido que esa persona no asistiera”.
En el artículo de Ciper la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, entregó una respuesta a través de su departamento de prensa, en la que se explicó que “en ningún momento se trataron asuntos o decisiones particulares que fuesen de interés de alguna empresa, sino que fue un paneo de temas generales del sector”.
Fuera de aquella declaración, la líder del ministerio de Medio Ambiente no se ha vuelto a referir al tema.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, volvió de vacaciones días antes de lo establecido y se refirió a la polémica: “Quiero primero aclarar que este encuentro en el que participé, que fue uno, tiene como lógica un espacio en el que se me invita a conversar qué está haciendo el Gobierno, cuáles son sus políticas en materia de seguridad”, señaló.
“No fue a hacerme un planteamiento a mí, sino a que presentara las políticas del Gobierno, contara las perspectivas que tenemos como alianza, como estamos viendo el futuro, como vemos los desafíos de la seguridad. La ley de Lobby no es para eso. No es para eso y por lo tanto no cabe dentro de las reuniones que hay que registrar a través de esa modalidad”, añadió.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, entregó una primera respuesta enviada por el Ministerio del Trabajo a Ciper, indicando que las conversaciones con los dirigentes empresariales no implicaron concesiones respecto de la política que impulsan en la reforma previsional.
“El sello que le hemos dado a nuestra cartera, desde que asumimos, es el diálogo con todos los actores de nuestra área, como empleadores, trabajadores e industria, entre otros”, declaró Jara.
Entre los días 6 y 8 de enero agregó: “Yo, en general, me reúno con todo tipo de organizaciones, creo que el diálogo es muy importante para el efecto de poder destrabar uno de los debates que se han hecho en nuestro país, que tienen que ver con temas laborales y previsionales, y es un tema que a mí me parece fundamental”.
“En virtud de las reacciones que han habido con posterioridad, uno siempre puede haber hecho las cosas mejor”, señaló.
El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, comentó a Ciper que “la verdad es que no conocía a los demás asistentes y no recuerdo sus nombres, ya que pasó hace bastante tiempo. Es habitual que él exponga temas de política exterior, no fue una reunión que tuviese un objetivo específico”.
Además, este martes desde Cancillería aseguraron que “la verdad es que el grupo de asistentes al encuentro se trata de gente que el ministro no conocía de antes. No se trata de falta de transparencia. El Canciller participa de muchos encuentros con audiencias diversas, y es habitual que no conozca a cada uno de los asistentes”.
“Sin embargo, él no tiene ningún problema con que quienes organizaron la cita den a conocer los nombres. Es importante reiterar que durante el encuentro se trataron temas generales, nadie solicito nada en específico, ya que eso tendría que haber sido abordado en otro tipo de reunión, en concordancia con lo que estipula la Ley”, comentaron.
Esteban Valenzuela, timonel del Ministerio de Agricultura, dijo que el 99% de las reuniones están registradas, “pero asumimos que vamos a registrar de aquí en adelante cualquier reunión, aunque sea entre comillas, como en este caso una reunión informal, genérica, en que se habló respecto a la importancia de la cooperación público-privada para sacar adelante el país”.
Ley de Lobby
La Ley de Lobby obliga a ministros y parlamentarios a declarar reuniones en que se hayan ejercido gestiones de interés particular, y establece que, en los casos de autoridades de gobierno, es la Contraloría la que tiene potestad de verificar el cumplimiento de la legislación.
“En caso que el sujeto pasivo de aquellos señalados en el artículo 3º (ministros) (…), no informare o registrare lo señalado en el artículo 8º dentro del plazo dispuesto para ello (audiencias con lobistas), la Contraloría General de la República le comunicará dicha circunstancia, y el obligado tendrá el plazo de veinte días para informar al respecto”, expone la legislación.
Por esto, la Contraloría debe ceñirse a un estricto procedimiento.
“En caso de ser necesario, el período probatorio será de ocho días. Podrán utilizarse todos los medios de prueba, la que será apreciada en conciencia. La Contraloría, mediante resolución fundada, propondrá, dentro de los diez días siguientes a aquel en que se evacuó la última diligencia, si corresponde, al jefe de servicio o a quien haga sus veces, la aplicación de una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales. En caso que el sujeto pasivo sancionado sea el jefe de servicio o autoridad, la potestad sancionatoria residirá en la autoridad que lo nombró”, dice la legislación.
Es decir, en el caso de los ministros, la sanción debiera ser aplicada por el propio Presidente de la República, a recomendación de la Contraloría.
“De todo lo anterior se dejará constancia en la respectiva hoja de vida funcionaria. Se publicarán los nombres de la o las personas sancionadas en los sitios electrónicos del respectivo órgano o servicio, por un plazo de un mes desde que esté firme la resolución que establece la sanción”, agrega la ley.