¿Militares a la calle?: Perspectivas de la medida que busca acabar con la crisis de seguridad
Fotografía: Javiera Torres / AFP
El alcalde de Estación Central, Felipe Múñoz, propuso una nueva medida para hacerle frente a la crisis de seguridad que enfrenta Chile en la actualidad. El jefe comunal se reunió con el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el 23 de enero pasado para proponer el despliegue militar en los terminales de buses, con el objetivo de resguardar el lugar que se ha posicionado como uno de los más peligrosos de la Región Metropolitana.
"Los cuatro terminales y la estación de trenes son una infraestructura crítica para la región, no solamente para la comuna de Estación Central, sino que para todas las personas que transitan y que viajan a otros lugares", expresó Múñoz.
Presidente Gabriel Boric junto a Carabineros
"Teniendo en cuenta que esta crisis de seguridad tiene que ser abordada a partir de todos los estamentos del Estado, los militares también son parte del Estado chileno y consideramos que es una capacidad ociosa que tiene hoy día el Estado y que puede contribuir de esta manera a poder tener mayor control y orden público”, explicó el alcalde, “la idea es poder hacer control de identidad, hacer prevención, hacer infantería, estar rondando estos lugares, podría de alguna manera poder disuadir y poder contribuir a tener mayor control y orden en estos lugares".
La propuesta surge luego de una balacera ocurrida el pasado 19 de enero en el Terminal de Buses Sur de Estación Central, y que terminó con dos Carabineros heridos y un sujeto fallecido.
“Esto es algo que no es descabellado, no es algo que se me ocurrió a mí, es algo que pasa en grandes ciudades del mundo que cuentan con militares que pueden ir resguardando esto", argumentó Muñoz.
El edil precisó que “no se está pidiendo que salgan militares a perseguir personas por pensar distinto, acá lo que se pide es que se puedan complementar lo que está realizando Carabineros, que puedan entregar más volumen, teniendo en cuenta que esta crisis de seguridad tiene que ser abordada a partir de todos los estamentos del Estado".
Otro líderes de Gobiernos Comunales han apoyado la medida o implementado respuestas independientes para hacer frente a la crisis, lo que ha provocado una serie de cuestionamientos públicos sobre la efectividad de las acciones implementadas por el Gobierno y el rol del Ejército en el resguardo del Orden Público, aspecto que, lejano a sus tareas tradicionales, no presenta el mejor historial dentro de la institución.
Crisis de seguridad
La denominada “crisis de seguridad pública”, que hace referencia al aumento considerable de diversos delitos como homicidios, robos y secuestros y el nivel de violencia en estos, ha sido un tema que ha dominado el debate público los últimos meses, y que ha tenido a diversas figuras de la política nacional proponiendo medidas para hacerle frente.
En la cuenta pública anual de las cuatro fiscalías regionales de la Región Metropolitana (Sur, Oriente, Occidente y Centro Norte), que consideró información del 16 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023, se contabilizaron 565.862 denuncias, el 39% del total de ingresos del país. La cifra constituye un aumento de 22% respecto al mismo periodo del año anterior.
Durante ese período, se ingresaron 597.016 delitos en la región, de los cuales el 13% corresponde a robos no violentos y el mismo porcentaje a delitos contra la libertad e intimidad de las personas; el 12% corresponde a robos; el 11% a “hechos de relevancia criminal”; el 10% a lesiones y el 9%a hurtos.
También hubo un aumento en la tasa y mayor diferencial de casos respecto del periodo anterior en delitos de leyes especiales con un 28%. Además, hubo un aumento de 25% en delitos económicos, 22% en hurtos y 15% en robos.
Respecto a delitos de mayor connotación social o impacto en la ciudadanía, se constata un aumento de 12% en homicidios.
Según el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Héctor Barros, “el crimen organizado explica gran parte del aumento de la violencia y de los delitos, dado que se genera en un contexto de crecientes disputas por apropiarse de las riquezas que generan lucrativos mercados ilegales”.
La crisis de seguridad también se evidencia en la ciudadanía: en el último informe de Plaza Pública Cadem, 70% de los consultados cree que la principal prioridad para el Ejecutivo debe ser la delincuencia, seguido muy distante por la inmigración (26%) y la economía.
Respecto al alza delictiva, un 53% se le atribuye al funcionamiento de Fiscalía y los tribunales de justicia y un 42% que considera que Carabineros no cuenta con las herramientas para enfrentar a los criminales.
Además, cree que la delincuencia ha aumentado por el incremento de bandas de narcotraficantes, y sólo 12% que ha ocurrido por el aumento de la pobreza y necesidades de las personas. En tanto, un 73% teme bastante por ser víctima de algún hecho delictivo.
En relación a las ideas para contrarrestar la crisis, un 85% está de acuerdo con construir zanjas en zonas limítrofes para impedir el paso de contrabando de autos, y 74% para impedir el paso de inmigrantes en situación ilegal.
También, 80% está de acuerdo con que militares puedan proteger infraestructura crítica para el funcionamiento de las ciudades sin necesidad de declarar estado de emergencia, y 70% con que protejan puntos estratégicos de las ciudades.